En 2019 y 2022, producto del estallido social y los efectos económicos de la pandemia, dos leyes de estabilización fueron aprobadas, lo que permitió contener las tarifas eléctricas. Esto requirió un esfuerzo significativo de los generadores (deuda por más de 1.350 millones de dólares) y un financiamiento externo del Estado por 1.800 millones de dólares. Hoy, nuevamente, la autoridad busca tomar medidas que alterarán el precio percibido por los usuarios, las cuales parecen ser una respuesta a la contingencia más que una política regulatoria coherente.
Recientemente la CNE aprobó las bases definitivas para la siguiente licitación de suministro. Estas incluyen descuentos, para efectos de la evaluación, a las ofertas que se respalden con proyectos que incluyan almacenamiento, además de establecer un traspaso directo de los costos laterales. ¿Por qué la solución es que solo los clientes regulados asuman sobreprecios, en lugar de esperar que dichos proyectos sean suficientemente competitivos? Además, ¿cómo se generarán incentivos a reducir tales pagos laterales si se realiza un traspaso directo de ellos? Pareciera que el objetivo es aparentar la adjudicación a precios bajos gracias a proyectos innovadores, sin demostrar los beneficios en las tarifas o los efectos positivos en la eficiencia del sistema.
Recientemente la CNE aprobó las bases definitivas para la siguiente licitación de suministro. Estas incluyen descuentos, para efectos de la evaluación, a las ofertas que se respalden con proyectos que incluyan almacenamiento, además de establecer un traspaso directo de los costos laterales. ¿Por qué la solución es que solo los clientes regulados asuman sobreprecios, en lugar de esperar que dichos proyectos sean suficientemente competitivos? Además, ¿cómo se generarán incentivos a reducir tales pagos laterales si se realiza un traspaso directo de ellos? Pareciera que el objetivo es aparentar la adjudicación a precios bajos gracias a proyectos innovadores, sin demostrar los beneficios en las tarifas o los efectos positivos en la eficiencia del sistema.
Otra propuesta, incluida en proyecto de ley de Transición Energética, es la redistribución de los ingresos tarifarios extraordinarios producto de las congestiones, asignándolos a los generadores afectados, medida que parece razonable ya que son descuentos excepcionales que perciben los clientes. El análisis presentado concluye que esta pérdida para los clientes significará, teóricamente, ofertas de energía más económicas en el futuro. Sin embargo, ello dependerá del cálculo que haga la autoridad del umbral que se entiende por extraordinario, entre otras condiciones difíciles de alcanzar en la práctica.
Finalmente, en su segunda Cuenta Pública, el Presidente Boric anunció una licitación de sistemas de almacenamiento con un costo aproximado de 2.000 millones de dólares. Existe un amplio consenso en los beneficios del almacenamiento para complementar la generación renovable y para aliviar la congestión. No obstante, a la fecha, no se ha presentado un análisis que justifique la magnitud de la inversión y que demuestre los beneficios directos para los clientes finales, los que deberán concurrir a su pago. Incluso un proyecto de esta dimensión podría desincentivar otras iniciativas privadas de almacenamiento.
En este contexto resulta imperioso comprobar, mediante estudios técnico-económicos, que las políticas y proyectos propuestos por el Ejecutivo realmente maximizan el beneficio social. No hay que perder de vista que todas estas medidas deben brindar las señales adecuadas a aquellos agentes capaces de administrar los diferentes riesgos del sector, para que finalmente las tarifas reflejen de manera eficiente los costos reales de la industria y, al mismo tiempo, complementarlas con otras políticas públicas que protejan a los clientes más vulnerables.
Fuente: Revista Electricidad
