Un incremento aún mayor del proyectado en dos ocasiones anteriores reveló la publicación por parte de la Comisión Nacional de Energía CNE), del Informe Técnico Definitivo de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional. El reporte forma parte del proceso tarifario para clientes regulados que se mantiene pendiente para el período del primer semestre de 2023, y había suscitado una serie de polémicas puesto que la CNE publicó, primero en mayo y luego en agosto del año pasado, versiones preliminares del documento, con variaciones mucho menores a las previstas ahora.
En concreto, el informe establece que el precio de la energía traspasable experimente alzas diferenciadas para cada uno de los grupos de clientes. Así, el componente de la energía -que representa entre el 55% y 65% de la tarifa que sobra finalmente a los clientes- para los hogares de mayor consumo, aquellos que se ubican por sobre los 500 kWh al mes, verán alzas de 151,4%. Cabe destacar que ello se traduciría en un alza cercana que rondaría el 88,43% en las cuentas de la luz de dicho segmento de consumo.
La diferencia con los previsto en los dos informes previos es notoria. Para el segmento residencial de mayor consumo, la CNE preveía en mayo alzas de 23%, mientras que en agosto estimaba incrementos del 48%.
En cambio, la situación para los hogares con consumo por debajo de los 500 kWh serán considerablemente menores. El componente de energía para quienes están entre los 350 y 500 kWh mensuales subirá 17,9%, mientras que para los que llegan hasta los 350 kWh, aumentará en 12,5%. Lo anterior significa que las cuentas de la luz para los segmentos con consumo promedio de 400 kWh y 180 kWh subirían 11,55% y 8,21%, respectivamente, según estimaciones de cuentas tipo realizadas por la misma CNE. El segmento de menor consumo, según estimaciones previas de Empresas Eléctricas, agrupa a cerca del 90% de los clientes residenciales.
Lo anterior, según ejercicios que consideran cuentas tipo para cada segmento de consumo, y que fueron aportadas por la propia CNE en el comunicado de prensa que acompañó la publicación del mencionado informe técnico.
Las cuentas de la luz a clientes regulados se encuentran congeladas desde octubre de 2019, cuando, en medio del estallido social, se dictó la ley 21.185, conocida como PEC 1, que anuló el alza de 9,2% registrada en las cuentas de la luz, y retrotrajo los precios a los niveles fijados en el proceso tarifario del primer semestre de ese año. En ese entonces se estableció un fondo de US$1.350 millones que, con la llegada de la pandemia, se volvió insuficiente, y el descongelamiento planificado originalmente para junio de 2023 fue nuevamente evitado, con la ley 21.472, conocido como Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), promulgado en agosto de 2022, que creó un nuevo fondo de US$1.800 millones.
La aplicación de este mecanismo fue lo que finalmente evitó un mayor impacto a los segmentos de menor consumo eléctrico.
Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE, destacó que el MPC “permite que estas alzas sean atenuadas para más del 90% de los clientes regulados, mientras que el segmento de clientes con un mayor nivel de consumo tendrá un alza más relevante.”
La acumulación de decretos tarifarios pendientes en todo este tiempo venía siendo advertida, por diversos actores del sector eléctrico nacional, como una inminente situación de crisis.
Para Rodrigo Jiménez, gerente general de Systep, “este problema era previsible ya que la fata de actualización de las tarifas hace que los incrementos que se anticipan para los consumidores sean más significativos”.
El consultor recordó que “ahora la solución depende de una ley corta que aún no ingresa al Senado y en ese contexto va a ser importante ver los efectos específicos en las cuentas finales, porque si bien es importante normalizar las tarifas, también es importante que las alzas en los diferentes grupos de la población sean políticamente viables”.
Lo anterior, en alusión al proyecto de estabilización de las cuentas de la electricidad, un proyecto que fue comprometido en octubre por el Ejecutivo, pero cuyo ingreso al Congreso aún no se ha materializado.
Jiménez agrega otra advertencia. “Del informe recientemente publicado se deprende que tanto los US$1.350 millones de la Ley PEC como los US$.1800 millones de la Ley MPC, están agotados. Por lo tanto, a partir de este mes se está generando una nueva deuda con los generadores que aún no tiene solución”, señaló-
El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que “con la publicación de este informe definitivo de la CNE, ahora se abre una etapa de elaboración del decreto tarifario por parte del Ministerio que luego debe ser ingresado a Contraloría y posteriormente publicado en el Diario Oficial”, y que “mientras esto no ocurra, no habrán variaciones en las cuentas de la luz”.
En esa línea, recordó que el gobierno está trabajando en el proyecto de ley comprometido para mitigar las alzas en las cuentas de la electricidad, iniciativa que “se hará cargo de manera gradual de la deuda con las empresas generadoras y además incluirá un subsidio focalizado para los clientes más vulnerables”.
“Esta iniciativa, como se ha señalado anteriormente, será ingresada durante este periodo legislativo. Una rápida tramitación del proyecto de ley que ingresará al Congreso dejaría sin aplicación la implementación de este decreto”, sumó Pardow.
Pulso solicitó comentarios tanto a Empresas Eléctricas como a Generadoras de Chile, gremios que agrupan a las principales empresas de distribución y generación eléctrica en el país, pero declinaron realizar comentarios.
Fuente: La Tercera
