(El Mercurio) Un punto importante se anotó el Gobierno tras la segunda reunión de la mesa técnica que busca lograr un acuerdo en torno a la instalación de medidores inteligentes y una batería de medidas anunciadas por el Ministerio de Energía.

Ayer, según trascendió, las empresas de distribución Chilquinta y Saesa confirmaron que accederán a realizar el pago solicitado por la autoridad para los equipos antiguos.

Chilquinta es la firma de distribución que cubre gran parte de la Región de Valparaíso y que cuenta con más de 700 mil clientes, mientras que Saesa, con mayor presencia en el Biobío, supera los 850 mil abonados en su área de concesión.

Una de las razones que explicarían la adhesión de las empresas con esta fórmula que impulsa la cartera liderada por Susana Jiménez es la progresividad de la medida, ya que la ejecución de este pago se extendería hasta 2025, plazo en el que deben ser cambiados los medidores de todo el país.

Si bien aún no se define el monto de la compensación que obtendrían aquellos usuarios que cambien sus medidores y accedan a entregar el antiguo, se espera una cifra en torno a los $10 mil. Según trascendió, la postura de las empresas es que sea un tercero el que se encargue de definir el monto, teniendo en cuenta el valor económico y social de los equipos.

Con todo, falta que el ministerio logre un acuerdo con los dos principales actores del sector: Enel y CGE, que en conjunto suman más de cinco millones de clientes y que en un comienzo mostraron posiciones completamente opuestas.

Por una parte, la compañía de origen italiano fue la primera en acceder a la propuesta del ministerio, mientras que la firma de capitales españoles llamó a reestudiar el proceso completo, apuntando al rechazo que existe de parte de la ciudadanía al respecto.

Para el martes de la semana entrante está fijada una nueva reunión de la mesa liderada por el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas.

En esa ocasión se espera que sea tratado el procedimiento que tendrán que adoptar las cooperativas para plegarse al proceso.

Systep advierte efectos negativos de la normativa

El informe mensual que realiza la consultora Systep, ligada al académico de la Universidad Católica Hugh Rudnick aleta sobre los efectos negativos que podrían darse con las medidas legales que buscan impulsar en el Parlamento, para obligar a las compañias a no traspasar a tarifa la inversión por el recambio de equipos. El documento apunta a lo que ha pasado en Argentina y los retrasos que existen en el desarrollo de la industria energética de ese país.

«Resulta preocupante esta postura, ya que abre la puerta a políticas insostenibles para empresas reguladas. Basta ver las consecuencias en Argentina, en donde no traspasar los costos a los usuarios produjo durante las últimas décadas un grave déficit de inversiones para la explotación de yacimientos de gas», asegura el reporte.