«A medida que se analicen las causas y los efectos de esta falla, será esencial revisar los protocolos existentes, no solo para mejorar la rapidez en la restauración del servicio, sino también para evaluar la flexibilidad y la resiliencia del sistema ante contingencias imprevistas».

Así lo señala el reporte mensual de Systep Ingeniería, donde se hace un llamado de atención a las implicancias del apagón del 25 de febrero, que afectó al Sistema Eléctrico Nacional, especialmente con las restricciones que se aplicaron en las transferencias de la línea Nueva Maintencillo-Nueva Pan de Azúcar y que fueron levantadas a mediados de marzo.

«Se remarca que esta limitación fue una medida conservadora que podría no ajustarse al criterio N-1 establecido en la normativa12, el cual exige que el sistema pueda continuar operando de forma segura ante la falla imprevista de un solo elemento. En este caso, el criterio N-1 permite típicamente13 un flujo máximo de 1.800 MW en dirección norte-sur, sin embargo, la limitación aplicada fue de solo 800 MW», indica el análisis de la consultora.

Y se agrega: «Las consecuencias de la disminución del límite de potencia contrastan con las responsabilidades del Coordinador, quien, conforme al artículo 72°-1 del DFL 4 y el artículo 36° del DS N°125, debe garantizar una operación eficiente y segura del sistema eléctrico, siguiendo los criterios de seguridad establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio».

Según Systep, es fundamental que en situaciones de emergencia, se garantice la continuidad de la normativa vigente y los lineamientos de seguridad establecidos. «Aplicar de manera rigurosa (sin posibles excesos) los criterios de seguridad, conforme a lo que establece la regulación, es clave para mantener la eficiencia del sistema. Adoptar límites adicionales que no estén respaldados por la normativa podría generar efectos no deseados, como una reducción de la generación renovable, especialmente de fuentes solares y eólicas, que son fundamentales para la transición energética. Esto puede impactar la eficiencia operativa y dificultar la integración de estas tecnologías en el sistema, reduciendo su aporte a una matriz más limpia y sostenible», precisó.

«Por último, todo este incidente ha develado la necesidad de una revisión constante de las normativas y de los criterios técnicos que guían la operación del sistema eléctrico. Sin minimizar los efectos del apagón del 25 de febrero —evento que debe investigarse a fondo, establecer responsabilidades, compensar a los usuarios afectados y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su repetición—, es importante considerar que se trata de una falla de baja probabilidad de ocurrencia», concluyó el reporte.