Un análisis a la Agenda Energía del gobierno, objetivos cumplidos y tareas pendientes.
Un año de la Agenda de Energía
Celebramos un año de la formulación de la Agenda de Energía. Surge como una sólida propuesta para enfrentar la incapacidad de Chile de desarrollar su matriz energética en formas sustentables y competitivas, dadas restricciones sociales, políticas y ambientales en la expansión de la infraestructura asociada. Esta incapacidad se ha transformado en un freno al desarrollo.
Celebramos la agenda, no sólo por su diagnóstico, ampliamente compartido, sino por la formulación de un agresivo plan de acción para superar las restricciones, con ambiciosas metas, particularmente en relación al desarrollo humano. Celebramos el proceso proactivo de consulta y participación que ha tenido lugar, donde ciudadanos, comunidades e instituciones públicas y privadas han participado en la definición de nuevas políticas públicas.
Se anticipaba que concretar las metas de la agenda no sería tarea fácil, pero ha habido avances substanciales. Se está avanzando en generar un nuevo rol del Estado en el ámbito energético, un rol proactivo, orientador de desarrollo, monitoreando el mercado, y promoviendo la competencia. Se logró un relevante ajuste a los procesos de licitaciones de las empresas distribuidoras, que anticipa crecientes reducciones de precios. Se progresa en una reformulación de la regulación de la transmisión, que aspira a facilitar la competencia y un adecuado uso de los recursos energéticos disponibles a nivel nacional. Un grupo transversal avanza en la definición de una hoja de ruta energética al 2050. Por otra parte, las energías renovables no convencionales van logrando apreciables niveles de penetración.
El objetivo final de todo este ejercicio es lograr que Chile disponga de un suministro energético seguro y económico, en un contexto de sustentabilidad ambiental y social. Sin embargo, es en esta última dimensión que los avances se han ralentizado. Efectivamente, la ambiciosa meta de formular una ley de asociatividad a fines del 2014 no pudo cumplirse. La ley busca hacer socias del desarrollo a las comunidades cercanas a proyectos de generación eléctrica, basándose en tres instrumentos: patentes locales de los generadores, reducción de tarifas en comunidades cercanas, y creación de un marco institucional que permita compartir beneficios de esos proyectos con las comunidades. El objetivo de hacer socias a las comunidades se enfrenta al interior del gobierno con visiones opuestas de ordenamiento territorial que pretenden asignar total autonomía energética a las regiones, cuestionando visiones del beneficio nacional del desarrollo energético.
Las restricciones enfrentadas son más que técnicas o económicas, sino más bien ambientales y sociales, y en ellas siguen estando los principales desafíos. Y mientras se adecua la ley de asociatividad, celebremos la publicación de un potente e inédito estudio de utilización de cuencas en la zona central, que a través de un proceso de diálogo ciudadano, identificó el potencial hidroeléctrico de la zona centro-sur del país, incluyendo dimensiones sociales, culturales, ambientales, turísticas, agrícolas y forestales. Aprovechemos ese potencial, con el debido respeto de esas otras dimensiones.
*El autor es Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
