El rayado de cancha del gobierno que sube tensión en eléctricas.

El borrador del proyecto de ley que busca modernizar a las distribuidoras eléctricas está listo y sus detalles solo son conocidos por algunos personeros de gobierno. La apertura del mercado de venta de energía se convertirá en el foco de una discusión que la industria anticipa será larga.

Un verano intenso ha tenido el equipo técnico del Ministerio de Energía. En las últimas semanas la cartera ha sostenido reuniones de hasta tres horas con los gerentes de regulación de todas las distribuidoras eléctricas para avanzar en lo que será el mayor proyecto de ley que tramite el organismo que dirige Juan Carlos Jobet y que modernizará a un sector que hace 40 años no cambia su regulación.

Se trata de la llamada Ley Larga, normativa que quiere cambiar el mercado de la distribución de energía, segmento que cuenta con una ley cuyo objetivo inicial era desarrollar la infraestructura necesaria para aumentar la cobertura (electrificar) y luego, alcanzar una mejora en la calidad del servicio. Hoy el titular de la nueva normativa que el gobierno se comprometió a presentar al Congreso en los primeros días de marzo y que ya está en etapa de firmas, busca generar mayor competencia. Actualmente, en este mercado compiten cerca de 38 actores que en su mayoría son cooperativas eléctricas, pero cuatro son las empresas relevantes: Enel, CGE, Saesa y Chilquinta, firmas que pese al arduo trabajo que han mantenido con Energía, no conocen los detalles que contiene el borrador del proyecto de ley que durante estas últimas semanas ha estado circulando entre algunos personeros de gobierno.

A nivel de parlamentarios tampoco ha habido acercamientos. Esto, porque el compromiso tomado con Energía fue analizar el borrador en marzo y ese mismo mes comenzar la discusión, revela una fuente legislativa.

El resguardo se da porque la Ley Larga es la gran apuesta de Jobet para mejorar un mercado que a su juicio necesita con urgencia modernizarse, cuentan cercanos a la cartera. Es que de acuerdo con el titular de Energía -cuentan asistentes a las reuniones donde el ingeniero de la UniversidadCatólica ha manifestado su postura-, ninguna industria puede ser sostenible ni exitosa en el largo plazo si sus clientes no valoran lo que hacen. Y un claro ejemplo de ese malestar fue el incendio que afectó a la casa matriz de Enel, en avenida Santa Rosa, el pasado 18 de octubre, y los incendios de gran parte de las sucursales de CGE a lo largo del país.

Y su importancia también se refleja en el tiempo que el ministerio desea tomarse para su discusión. La meta es terminar el gobierno de Sebastián Piñera con una nueva ley de distribución. “Sabemos que esta ley es compleja, nos tomaremos el tiempo necesario”, afirma una fuente vinculada con la cartera. Tema no menor considerando que la agenda de Jobet ha sido intensa en los ocho meses que lleva en el cargo. Tramitó la ley de estabilización eléctrica en cuatro días y aprobó la Ley Corta con amplia mayoría. Además, logró diseñar la polémica normativa para los pequeños medios de generación (PMGD) y selló un acuerdo con El Campesino para evitar que el llamado “contrato fantasma” perjudicara al sistema eléctrico. Ahora quiere terminar con un cuerpo legal que está vigente hace cuatro décadas y que otros ministros han querido reformular, y no han sido exitosos. De hecho, en el gobierno anterior, tanto Máximo Pacheco como Andrés Rebolledo avanzaron en un trabajo prelegislativo relacionado con la distribución eléctrica y dejaron un borrador de un potencial proyecto de ley, documento que fue desechado por la anterior ministra Susana Jiménez.

Apertura del mercado

Hoy el nuevo cuerpo legal contendría algunos aspectos de ese borrador, cuentan conocedores del documento que se ha mantenido en un reducido círculo del gobierno. El sello relevante que Energía quiere poner en esta discusión es terminar con el monopolio natural de las distribuidoras en lo relacionado con la venta de la energía y abrir el mercado hacia los comercializadores eléctricos, intermediarios que no necesariamente están vinculados con el mundo eléctrico y que pueden ofrecer electricidad a los clientes finales. El modelo es usado en países como España o Estados Unidos donde incluso tiendas vinculadas al retail pueden ofrecer dentro de sus productos, la venta de energía.

Uno de los requisitos para abrir el mercado es conocer el perfil de consumo de los clientes. Por eso dentro de la nueva normativa se propondrá licitar el rol de un administrador de esa información, la que sería clave para saber tanto los consumos como el perfil de pago de los potenciales clientes y, así, los nuevos comercializadores puedan ofrecer un producto a la medida del cliente que quieran capturar. “Es necesario que el administrador de esa información sea un ente tercero independiente, porque tiene que velar para que esos datos sean confidenciales. Es información sensible y que solo se pondría a disposición de este ente en los casos que los clientes quieran que otros actores les ofrezcan servicios”, señala un conocedor del proyecto de ley.

Añade que en Energía se ha conversado bastante el tema y se planteó inicialmente que este rol lo cumpliera el Coordinador Eléctrico, pero la propuesta no ha prosperado dado el nivel de carga que tiene hoy ese organismo. “La discusión, en todo caso, no está cerrada”, cuenta la fuente consultada.

La apertura de este mercado encendió las alertas del sector privado y será uno de los puntos que las distribuidoras más defenderán en la discusión que se dará en Valparaíso. La posición de la industria será aprobar la apertura, pero harán un llamado a que la propuesta no contenga vicios de irrealidad. Esto, por un elemento que las distribuidoras indican como prioritaro: la calidad del servicio. Un ejemplo de un ejecutivo del sector es qué pasará cuando haya interrupción del suministro. “¿A quién acudirá el cliente, a la empresa de retail que le ofreció la energía, pero que no maneja las redes, o al distribuidor? ¿El comercializador tendrá brigadas también para responder a las emergencias? Ese es un tema que no está resuelto”, enfatiza.

Otro punto que estará en la mesa será el factor de riesgo, pues el nuevo actor deberá contar con garantías para asegurar el suministro, además de cumplir con otras restricciones orientadas a la protección de los clientes, cuentan fuentes vinculadas con Energía.

En todo caso, aseguran conocedores del anteproyecto, esta apertura del mercado será gradual, lo que quedará muy claro en el proyecto de ley. “Habrá un proceso de transición muy gradual hacia la comercialización, lo que se logrará con una reducción de las barreras de entrada a la oferta, la ampliación de la demanda a partir del incremento de la demanda libre, la educación de los consumidores y el establecimiento de medidas para su protección, en función de las condiciones de competencia que se observan en el mercado y monitoreando la necesidad de reponer señales de largo plazo en el sistema”, se detalla en uno de los informes técnicos que usó el ministerio para el diseño de la nueva normativa y a la que tuvo acceso Pulso Domingo.

La idea del gobierno es respetar los contratos que ya están firmados, lo que es relevante como señal hacia el inversionista. “Necesitamos que el sector siga invirtiendo, por eso este será un tema que se va a destacar en la discusión”, asegura un asesor de Energía.

Pero el ministerio también quiere hacerse cargo de la calidad del servicio y para ello quiere incorporar dentro de la ley larga, una modernización del mecanismo de compensación para los clientes, medida que será distinta al proyecto que en paralelo se quiere discutir, relacionado con un fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), un viejo anhelo del sector y que también ingresaría en marzo al Congreso.

Guiño al sector

Un punto que la industria está esperando conocer en detalle se enfoca en los cambios que se producirán en la “empresa modelo”, elemento esencial para la fijación de la tarifa y a lo que históricamente la industria ha pedido modificaciones. Es que la regulación actual no reconoce tarifariamente las inversiones reales, como se hace en muchos países, sino que más bien las inversiones de una empresa modelo, que es más eficiente que la real y que al partir de cero cada cuatro años, no considera en su construcción los antecedentes históricos que llevaron al actual diseño de la red.

En el proyecto de ley, las distribuidoras mantendrían su calidad de monopolio en lo relacionado con la planificación, operación y mantenimiento de la red de distribución. Por lo tanto, “serán remuneradas de acuerdo a una metodología de valorización por empresa modelo eficiente perfeccionada”, destaca el informe técnico.

La posición del gobierno es realizar “algunos ajustes” al esquema con el objetivo de que los riesgos estén bien reflejados, cuenta un conocedor del proyecto de ley. Una materia que el Ejecutivo quiere plantear en la discusión es el sistema de obsolescencia, con el fin de que las nuevas inversiones sean reconocidas en la tarifa.

Este punto no es menor, ya que todas las inversiones que las compañías han realizado para mejorar las redes desde el terremoto o por problemas climáticos que han afectado el suministro eléctrico los últimos años, no han sido reconocidas y son calificadas como “pérdidas” por las empresas.

Y es más relevante aún porque el sector está en pleno desarrollo de un millonario plan de inversiones -de unos US$ 6.000 millones, cifra similar a toda la inversión que ha hecho la industria en redes desde la década del ochenta- para cumplir con la norma técnica de calidad de servicio que se aprobó en 2017 y que aborda principalmente las interrupciones de suministro eléctrico y mejora la calidad de la información que dichas compañías entregan a los clientes.

Equipos a la cancha

La industria sabe que las conversaciones con el gobierno no serán fáciles, sobre todo porque el diálogo entre las partes quedó resentido luego de la aprobación de la Ley Corta donde se rebajó la tasa de rentabilidad de las empresas distribuidoras y donde el sector no tuvo mucho espacio para hacer valer su postura, acusa un ejecutivo de la industria.

Por eso para el diseño de la Ley Larga, Energía armó un equipo potente donde además de contar con la experiencia de Hugh Rudnick, académico de la Universidad Católica y reconocido experto del sector, la cartera que lidera Jobet también fichó al exgerente general de CGE, Pablo Guarda. Su vínculo con Jobet es antiguo. Ambos se conocieron hace una década, cuando fue el terremoto del 27F. Guarda, en CGE, y Jobet, en ese tiempo, jefe de gabinete del entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, se coordinaron para restablecer el servicio eléctrico. “Ellos han trabajado juntos. Tienen cosas en común: ambos son francos y directos”, recalca una fuente de Energía.

El ministerio también reclutó a Gustavo Riveros, quien tuvo una larga trayectoria en Saesa. “Era necesario tener gente que conociera a las empresas por dentro”, indica la fuente.

La asociación de empresas distribuidoras, en tanto, está trabajando con Rodrigo Moreno, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile e investigador del ISCI (Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería).

The draft bill to modernize the electricity distribution companies is ready and its details are only known by some government officials. The opening of the energy sales market will become the focus of a discussion that the industry anticipates will be lengthy.

Source: La Tercera/Pulso

The Ministry of Energy’s technical team has had a busy summer. In recent weeks, the portfolio has held meetings of up to three hours with the regulation managers of all the electricity distributors to make progress on what will be the largest bill to be processed by the agency headed by Juan Carlos Jobet and which will modernize a sector that has not changed its regulation for 40 years.

This is the so-called Long Law, a regulation that aims to change the energy distribution market, a segment that has a law whose initial objective was to develop the necessary infrastructure to increase coverage (electrification) and then achieve an improvement in the quality of service. Today, the headline of the new regulation that the government promised to present to Congress in early March and which is already in the signature stage, seeks to generate greater competition. Currently, there are around 38 players competing in this market, most of which are electric cooperatives, but there are four relevant companies: Enel, CGE, Saesa and Chilquinta, firms that despite the hard work they have maintained with Energía, do not know the details contained in the draft bill that during these last weeks has been circulating among some government officials.

At the level of parliamentarians there have been no approaches either. This is because the commitment made with Energía was to analyze the draft in March and begin the discussion that same month, according to a legislative source.

The safeguard is given because the Ley Larga is Jobet’s big bet to improve a market that in his opinion urgently needs to be modernized, according to people close to the portfolio. According to the Energy Minister -according to those attending the meetings where the Universidad Católica engineer has expressed his position-, no industry can be sustainable or successful in the long term if its clients do not value what they do. A clear example of this unease was the fire that affected Enel’s headquarters on Santa Rosa Avenue on October 18, and the fires at most of CGE’s branches throughout the country.

And its importance is also reflected in the time the ministry wishes to take for discussion. The goal is to end the government of Sebastián Piñera with a new distribution law. “We know this law is complex, we will take our time,” says a source linked to the portfolio. This is not a minor issue considering that Jobet’s agenda has been intense in the eight months he has been in office. It processed the electricity stabilization law in four days and approved the Short Law with a large majority. In addition, it managed to design the controversial regulation for small means of generation (PMGD) and sealed an agreement with El Campesino to prevent the so-called “phantom contract” from damaging the electricity system. Now he wants to put an end to a body of law that has been in force for four decades and that other ministers have wanted to reformulate, and have been unsuccessful. In fact, in the previous government, both Máximo Pacheco and Andrés Rebolledo advanced in pre-legislative work related to electricity distribution and left a draft of a potential bill, a document that was discarded by former Minister Susana Jiménez.

Market opening

Today the new body of law would contain some aspects of that draft, according to people familiar with the document that has been kept in a small government circle. The relevant seal that Energy wants to put on this discussion is to end the natural monopoly of distributors in relation to the sale of energy and to open the market to electricity traders, intermediaries that are not necessarily linked to the electricity world and that can offer electricity to end customers. The model is used in countries such as Spain and the United States, where even retail stores can offer energy sales as part of their products.

One of the requirements for opening the market is to know the customer’s consumption profile. For this reason, within the new regulations, it will be proposed to tender the role of an administrator of this information, which would be key to know both the consumption and the payment profile of potential customers and, thus, the new marketers can offer a product tailored to the customer they want to capture. “It is necessary for the administrator of this information to be an independent third party, because it has to ensure that this data remains confidential. It is sensitive information that would only be made available to this entity in cases where clients want other actors to offer them services,” says a person familiar with the bill.

He adds that there has been a lot of discussion on the subject in Energy and it was initially proposed that this role should be fulfilled by the Electricity Coordinator, but the proposal has not prospered given the level of load that this body has today. “The discussion, in any case, is not closed,” says the consulted source.

The opening of this market has raised the private sector’s alarm and will be one of the points that distributors will defend the most in the discussion that will take place in Valparaíso. The industry’s position will be to approve the opening, but will call for the proposal not to contain unrealistic vices. This is due to an element that distributors indicate as a priority: quality of service. An example from an industry executive is what will happen when there is a supply disruption. “Who will the customer turn to, the retail company that offered the energy, but does not manage the networks, or the distributor? Will the retailer also have brigades to respond to emergencies? That is an unresolved issue,” he emphasizes.

Another point that will be on the table will be the risk factor, as the new player will have to have guarantees to ensure supply, in addition to complying with other restrictions aimed at protecting customers, according to sources linked to Energía.

In any case, according to those familiar with the draft bill, this opening of the market will be gradual, which will be made very clear in the bill. “There will be a very gradual transition process towards commercialization, which will be achieved with a reduction of entry barriers to supply, the expansion of demand from the increase of free demand, the education of consumers and the establishment of measures for their protection, based on the competitive conditions observed in the market and monitoring the need to replace long-term signals in the system,” is detailed in one of the technical reports used by the ministry for the design of the new regulations and to which Pulso Domingo had access.

The government’s idea is to respect the contracts that have already been signed, which is relevant as a signal to investors. “We need the sector to keep investing, so this will be an issue that is going to be highlighted in the discussion,” assures an Energy advisor.

But the ministry also wants to take charge of the quality of service and for this it wants to incorporate into the long law, a modernization of the compensation mechanism for customers, a measure that will be different from the project that in parallel is to be discussed, related to a strengthening of the Superintendence of Electricity and Fuel (SEC), a long-standing desire of the sector and that would also enter Congress in March.

Wink to the sector

One point that the industry is waiting to know in detail focuses on the changes that will take place in the “model company”, an essential element for setting the tariff and to which the industry has historically asked for modifications. The current regulation does not recognize real investments in tariffs, as is done in many countries, but rather the investments of a model company, which is more efficient than the real one and which, starting from zero every four years, does not take into account in its construction the historical background that led to the current design of the network.

In the bill, the distributors would maintain their monopoly status in relation to the planning, operation and maintenance of the distribution network. Therefore, “they will be remunerated according to an improved valuation methodology per efficient model company”, the technical report highlights.

The government’s position is to make “some adjustments” to the scheme so that the risks are well reflected, says a person familiar with the bill. One issue that the Executive wants to raise in the discussion is the obsolescence system, so that new investments are recognized in the tariff.

This is not a minor point, since all the investments that the companies have made to improve the networks since the earthquake or due to climatic problems that have affected the electricity supply in recent years have not been recognized and are qualified as “losses” by the companies.

And it is even more relevant because the sector is in the midst of developing a millionaire investment plan – of some US$ 6 billion, a figure similar to all the investment the industry has made in networks since the 1980s – to comply with the technical standard for quality of service that was approved in 2017 and that mainly addresses power supply interruptions and improves the quality of the information these companies deliver to customers.

Teams on the field

The industry knows that the talks with the government will not be easy, especially because the dialogue between the parties suffered after the approval of the Short Law, which lowered the profitability rate of distribution companies and where the sector did not have much room to assert its position, accuses an industry executive.

Therefore, for the design of the Ley Larga, Energía put together a powerful team where, in addition to the experience of Hugh Rudnick, an academic at the Universidad Católica and recognized expert in the sector, the portfolio headed by Jobet also hired the former general manager of CGE, Pablo Guarda. His link with Jobet is a long-standing one. The two met a decade ago, at the time of the 27F earthquake. Guarda, at CGE, and Jobet, at the time chief of staff to then Interior Minister Rodrigo Hinzpeter, coordinated to restore electricity service. “They have worked together. They have things in common: they are both frank and direct,” stresses an Energia source.

The ministry also recruited Gustavo Riveros, who had a long career at Saesa. “It was necessary to have people who knew the companies inside out,” the source says.

The association of distribution companies, meanwhile, is working with Rodrigo Moreno, an academic at the Department of Electrical Engineering of the University of Chile and researcher at ISCI (Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería).