Si bien esta semana se logró un acuerdo para avanzar en una solución para detener el alza en las cuentas de la luz, aún restan varias etapas.
En este escenario, han aparecido voces, especialmente en la Cámara de Diputados, que apuntan a intervenir los contratos con las empresas de generación, para reducir rápidamente el precio que se paga por aquellos acuerdos que incluso fueron firmados antes de 2010.
Actualmente, y pese al fuerte crecimiento de las energías renovables, estos contratos más baratos pesan muy poco en el paquete actual. Según cifras de la Comisión Nacional de Energía (CNE), los 12 contratos más caros suministraron el 43% del volumen de energía a las distribuidoras en 2022, mientras que los 12 más baratos solo llegan a 7%.
Incluso más, existen empresas que están sirviendo contratos que están indexados al precio de los combustibles, pese a que el suministro lo producen con centrales renovables, de mucho menor costo.
Frente Legal
Para el abogado Manuel Matta, socio de Aylwin Matta, en el contexto actual no están los elementos que hagan razonable una modificación de contratos. A su juicio, la idea de avanzar en esta línea introduce incertidumbre regulatoria que no es recomendable.
«Lo deseable es que se avance en un proceso de normalización tarifaria y vemos que existen esfuerzos en tal sentido de parte del Ministerio de Energía y del Senado, que buscan mitigar y acotar el impacto de alzas en las cuentas de la luz. Eso es lo urgente. Resuelto lo anterior, conviene dedicarse a las necesarias reformas del sector que incluyen mejorar nuestros sistemas de transmisión y prepararnos para una adecuada transición energética», asegura Matta.
Para el presidente de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, Sebastián Novoa, desde el punto de vista legal, lo que está ocurriendo con las cuentas de la luz no es uno de los presupuestos contenidos en las bases de licitación, ni en los contratos, por lo que modificar precios no debería considerarse como una posibilidad para solucionar una contingencia.
No obstante, recuerda que las partes firmantes de un contrato siempre pueden llegar a un nuevo acuerdo respecto de sus condiciones. «Lo principal es entender los intereses de las partes y, en este sentido, para un generador nunca tendría sentido ingresar a una negociación si esta no le representa: un mayor valor a recibir en razón del nuevo acuerdo (aumentar el valor presente del negocio), o mayor certeza de recibir los ingresos esperados (reducción de riesgo)», explica.
Renovables
A la inversa, también existen empresas que buscan intervenir los contratos, pero para subir los precios ofertados. Según se defienden, ante diferentes eventos, como la falta de líneas de transmisión, han visto impactadas fuertemente sus cuentas.
Es el caso de Acciona, firma que solicitó legalmente este mecanismo. Esta semana, la CNE fijó para el 10 de noviembre la primera audiencia, instancia en la que se comenzará el proceso de revisión.
Para el académico de la Universidad de Santiago Humberto Verdejo, la revisión de contratos podría ser utilizada como una solución estructural para mejorar las condiciones financieras de las compañías que voluntariamente manifiesten su interés.
Para el experto, este mecanismo es una alternativa que sería más transparente y justa que la reasignación de ingresos tarifarios que impulsa el Gobierno en el proyecto de Transición Energética.
Sin embargo, Verdejo advierte que aquellas empresas que ofertaron y adjudicaron licitaciones de suministro lo hicieron de manera voluntaria, por lo tanto, asumieron riesgos. «El hecho de que dichos riesgos generaran perjuicios y/o beneficios es parte del proceso. Por lo tanto, no sería una señal positiva obligar a todos a renegociar y, por sobre todo, debiese ser voluntario», comenta.
La mirada del Gobierno
Hace unos días, el ministro de Energía, Diego Pardow, recordó la existencia de mecanismos para abordar esta situación.
Respecto a la solicitud de Acciona, consignó que «esa es una renegociación de un contrato relativamente barato. Con los contratos de mayor valor, que reflejan un mayor precio, efectivamente se hizo un proceso de acercamiento para evaluar posibilidades. Pero hay que entender que, en términos generales, las renegociaciones en materia de energía son completamente extraordinarias. Nunca habíamos tenido un procedimiento».
Para el gerente general de Systep, Rodrigo Jiménez, cualquier cambio de este tipo se debe realizar a través de los mecanismos establecidos, cuya última instancia es el Panel de Expertos y, eventualmente, los tribunales.
En este sentido, y ante la audiencia fijada, comenta que «preocupa la falta de asociaciones de consumidores de clientes regulados que realmente puedan ejercer un contrapeso efectivo en estos procesos. Será interesante ver cuál es la posición que tomará el ministerio durante la audiencia del 10 de noviembre y durante el resto del proceso».
Para el abogado Manuel Matta, el aceptar la modificación de los precios adjudicados en las licitaciones eléctricas desdibuja el sistema de Licitaciones y abre paso a la especulación. «Se daría la señal de que se puede ofertar a precios predatorios para adjudicarse la licitación, para luego apelar a un aumento de precio», remarca.
Factor de retrasos
Una de las principales razones que explican la complejidad del tema de las cuentas tiene que ver con los retrasos en la publicación de documentos que son fundamentales a la hora de fijar las tarifas. Esta tardanza ha provocado que se acumulen varios procesos al mismo tiempo.
Según resume Rodrigo Jiménez, de acuerdo con datos de la CNE, por concepto de retrasos para el primer semestre de 2023, existe una cifra de unos US$ 937 millones, lo que ha funcionado, en la práctica, como un congelamiento en las tarifas. «Soluciones como la renegociación de contratos, ampliación de fondos de la ley MPC, subsidios y otras propuestas serán ineficaces si los futuros decretos no se publican a tiempo», advierte el experto.
Fuente: El Mercurio
