Systep Ingeniería publicó su reporte mensual de septiembre, donde abordó la Ley de Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), proponiendo una serie de medidas para perfeccionar esta regulación desde el punto de vista del financiamiento y los límites de estabilización por usuario, entre otros puntos.
«Mejorar la prontitud en la publicación de los decretos es la primera medida que debe aplicarse, pues ello es precisamente la causa principal del aumento abrupto que se anticipa, especialmente para los consumidores regulados de mayor consumo», indica el documento.
También se sostiene la idea de aumentar el monto de US$1.800 millones de financiamiento externo del mecanismo MPC junto con incrementar el aporte fiscal de US$ 20 millones anuales, haciendo además obligatorio este último, aunque se aclara que estas medidas «deben acompañarse de otras que apunten a un manejo menos discrecional y transparente de los recursos. Por ejemplo, la Ley MPC contempla el uso de cargos o abonos para extinguir el Saldo final Restante. Sin embargo, tanto en la primera como en la segunda versión del Informe Preliminar de Precios de Nudo, se utilizaron abonos (o cargos negativos) para mitigar las alzas para el tercer segmento. Los abonos aplicados en ambos ITP tuvieron como lógica el utilizar todo el fondo disponible para mitigar lo más posible el alza del tercer segmento».
«El Ministerio de Energía también podría intentar modificar los límites de estabilización para cada usuario según nivel de consumo, precisando que es necesario realizar un trabajo de detalle para identificar a los clientes que tienen un consumo superior a 500 kWh, «que no están actualmente estabilizados, entre los cuales pueden estar pymes con tarifa BT1 y familias que comparten un medidor».
«Algunos sectores han propuesto bajar el límite actual de 500 kW de potencia conectada para que los clientes regulados puedan optar a ser clientes libres. Sin embargo, esta medida tendría poco efecto práctico ya que, a diferencia de hace algunos años, los precios de energía a los que acceden hoy los clientes libres son iguales o mayores que los precios regulados. Además, las leyes PEC y MPC tienen disposiciones que hacen que los clientes que se cambien de régimen tarifario se les deba aplicar un componente adicional de distribución para compensar el período que fueron beneficiados», agrega el reporte
Reforma
Según Systep el actual debate plantea la oportunidad para retomar la reforma en el sector de distribución: «Uno de los aspectos a considerar en esta reforma es la mejora en el diseño de las opciones tarifarias para los clientes regulados, que vaya más allá de la simple medición mensual del consumo. En este contexto, es crucial analizar elementos como tarifas por tramos, tarifas dinámicas (señales horarias), prepagos de energía, prepagos de capacidad residencial, opciones basadas en la actividad económica de los clientes, entre otros aspectos que pueden ser modernizados y enriquecidos».
«La autoridad debe estar dispuesta a publicar las nuevas tarifas, a pesar del costo político que esto implica. La situación actual es cada vez más insostenible y cualquier retraso adicional solo llevará a aumentos futuros más pronunciados. Toda la industria debe aportar con su perspectiva y soluciones, de manera lograr un proyecto sólido antes de su discusión en el senado. La contingencia actual podría generar un estancamiento político y legislativo en otras áreas cruciales para el sector, por lo tanto, es imperativo actuar con prontitud, responsabilidad y sin olvidar los efectos en el largo plazo», concluye el análisis de la consultora.
Fuente: Electrominería
