Fuente: Revista Electricidad
Análisis de la consultora sobre el impacto del covid-19 en la industria señala que, con un dólar sobre $850, el límite de saldos impagos de las empresas eléctricas se “alcanzará entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022”, por lo que se sostiene que, si el impacto económico se prolonga, la autoridad debería evaluar nuevamente este situación.
La consultora Systep Ingeniería planteó la posibilidad de que las autoridades del sector energético a futuro consideren la posibilidad de extender el mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas en caso de que se prolongue los impactos económicos en la industria a causa de la actual pandemia de covid-19, que ha disminuido las actividades productivas y de servicios, afectando la demanda eléctrica.
Al analizar los impactos de la crisis sanitaria se menciona que la presión tienen las empresas del sector por el mecanismo de estabilización de precio que se realizó a partir del estallido social de fines del año pasado.
“Debido a la estabilización de las tarifas de energía y potencia que pagan los clientes regulados, parte de estas empresas ya han acumulado sobre 375 MMUS$ en saldos impagos a diciembre 2019. Si bien para los clientes dicha estabilización resulta de gran ayuda, esta se aplicará hasta llegar a un límite de saldos impagos de 1.350 MMUS$. De acuerdo a las cifras publicadas por la CNE, el 28% de dicho límite ya fue alcanzado en diciembre 2019, mientras se proyecta que se llegaría al 43% a mediados de este año”, se indica en el reporte de abril de Systep.
Y se añade: “De acuerdo con nuestras estimaciones, si el tipo de cambio se mantiene sobre los 850 CLP/USD, el límite se alcanzará entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022. Por lo tanto, si las secuelas económicas se prolongan hasta el próximo año, la autoridad podría evaluar la extensión de este mecanismo, pero antes deberá considerar cuidadosamente los efectos tanto para las generadoras como para los clientes”.
En el documento también se indica que la reducción de la demanda eléctrica perjudica a las empresas generadoras, lo que se suma a la menor recaudación a causa de la estabilización de las tarifas de la energía, además de eventuales subsidios a los clientes regulados más vulnerables, en el contexto de la pandemia.
“La pandemia del Covid sumado a la crisis social, han modificado las perspectivas futuras del sector eléctrico chileno. La caída en las proyecciones de crecimiento económico provocará una reducción en los planes de inversiones de las empresas del sector. Adicionalmente, se espera un menor crecimiento de la demanda eléctrica en el corto plazo; para el año 2020 se espera en promedio una contracción del 2% del PIB, y una caída en la demanda eléctrica. Por último, las empresas recibirían menos ingresos en el corto y mediano plazo producto de la postergación o reducción temporal en las cuentas eléctricas”, precisa el Reporte.
