Expertos, empresas y consumidores coinciden en la urgencia de reformar el sistema de distribución eléctrica, aunque difieren en costos, alcances y efectos para los usuarios.

La discusión sobre la reforma del sistema de distribución eléctrica en Chile vuelve con fuerza. Entre el aumento de las cuentas de luz, los medidores inteligentes y la transición energética, distintos actores coinciden en la necesidad de cambios, aunque difieren en su alcance, costos y beneficios.

Diagnóstico del sistema de distribución

Desde el análisis técnico, uno de los principales puntos de consenso es la necesidad de modificar el esquema actual. Alejandro Navarro, director de Systep, explica que el problema radica en los incentivos del modelo: “El principal problema que enfrenta nuestro sistema de distribución, en términos comparativos con otros países, es la calidad de servicio, y este es un síntoma de la principal debilidad de nuestro esquema regulatorio, esto es, no genera incentivos para inversiones de largo plazo”.

Desde el lado empresarial, la mirada coincide en varios puntos. Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., destaca que “la necesidad de cambios en la regulación de la distribución eléctrica es un elemento hiperdiagnosticado”, agregando que la calidad actual “probablemente no es suficiente respecto de las expectativas que tienen los usuarios”.

Por su parte, desde las empresas distribuidoras, la visión es similar. Gladys Cárcamo, directora de Regulación y Planificación Estratégica de CGE, afirma que el modelo vigente “no responde adecuadamente a los nuevos desafíos que propone la transición energética, ni tampoco a las necesidades de los clientes, especialmente en lo referente a una mejor calidad y continuidad del suministro eléctrico”.

Sin embargo, desde la vereda de los consumidores, el foco es distinto. Hernán Calderón, presidente de Conadecus, plantea que “la prioridad central debería ser siempre frenar y empezar a reducir los desmedidos precios que está alcanzando la energía eléctrica en Chile”, cuestionando que la modernización de redes se traduzca en beneficios directos para los usuarios.

Perspectivas de usuarios y consumidores

Respecto a los cambios estructurales, Navarro de Systep plantea que el eje debe estar en reducir la incertidumbre regulatoria: “El principal cambio estructural debe ser dotar al marco regulatorio de los incentivos suficientes para realizar inversiones relevantes, sin que la empresa enfrente el riesgo de que tal obra no será reconocida”.

De manera complementaria, desde el gremio, Meriches coincide en la necesidad de modificar el esquema tarifario: “Es necesario generar un cambio en la forma en que se remunera la red de distribución”, proponiendo avanzar “desde un esquema de empresa modelo a un esquema en que se reconozca progresivamente los activos reales”.

Asimismo, CGE propone una visión más amplia del sistema tarifario. Cárcamo sostiene que “se requiere una reforma al esquema de fijación de tarifas de distribución, de manera que se generen los incentivos adecuados para mejorar la experiencia final de los clientes”.

Cambios estructurales y tarifarios

El costo de esta transformación es uno de los puntos más sensibles del debate. Desde el análisis técnico, el director de Systep advierte que “manteniendo todo fijo, la mejora en el servicio necesariamente significa nuevos costos”, por lo que “se vuelve difícil hablar de mejoras en la calidad sin imaginar un alza en las tarifas”. Además, subraya que este proceso debe considerar la “disponibilidad a pagar” de la ciudadanía y que no todas las inversiones son igualmente justificables desde el punto de vista económico.

Desde la industria, sin embargo, Gladys Cárcamo menciona que “la distribución no excede el 20%” de la cuenta final, y agrega que incluso “duplicar las redes de distribución en un periodo de 10 años significaría un alza gradual de 2% anual en la tarifa, muy inferior a las alzas por sobre el 60% que hemos observado en los últimos dos años”. En esa línea, recalca que el mayor componente de la cuenta corresponde al costo de la energía.

Meriches refuerza esta idea diciendo que “la distribución representa sólo el 15% de la cuenta”, por lo que existiría espacio para aumentar inversiones “sin que eso signifique efectos significativos en la cuenta final”. A su juicio, existe una brecha relevante respecto de países con mejores estándares de servicio.

Desde la perspectiva del consumidor, en cambio, hay escepticismo. El presidente de Conadecus afirma que “es evidente que ese costo de ‘modernización’ se trasladará a los usuarios” y advierte que estos procesos podrían incluso resultar innecesarios frente a cambios tecnológicos futuros, como el almacenamiento domiciliario.

Digitalización y medidores inteligentes

En relación con la digitalización, otro eje clave es el rol de los medidores inteligentes. Navarro plantea que estas tecnologías deben evaluarse bajo criterios de costo-efectividad: “la digitalización de la red debe ser entendida como un medio y en ningún caso como un fin en sí mismo”, destacando que por sí sola no resuelve problemas estructurales como la calidad del servicio.

Desde CGE, por su parte, se consideran fundamentales para el futuro del sistema. Cárcamo sostiene que la medición remota es “indispensable para habilitar la transición energética”, aunque reconoce que requiere “importantes desembolsos financieros” y un marco regulatorio adecuado.

No obstante, la experiencia pasada genera dudas entre los consumidores. Calderón califica el proceso como “una política pública muy mal diseñada” y cuestiona que los medidores “no deberían significar mayores costos para las empresas eléctricas -y por ende para los consumidores- sino que ahorros importantes en aspectos como medición remota de los consumos, corte y reposición de los servicios o información sobre fallas y estado general de las redes, y todo ello debería reflejarse en menores tarifas y no en nuevas alzas de tarifas”.

Perspectivas de futuro y rol del gobierno

Asimismo, el rol del próximo gobierno aparece como determinante para encauzar estas transformaciones. Desde el sector eléctrico, Meriches espera que “pueda avanzar en este nuevo ciclo político” una reforma que permita mejorar la calidad y resiliencia del sistema.

En contraste, desde la mirada de los consumidores, Calderón plantea que el desafío es más amplio y que se requieren “transformaciones profundas, como revisar los contratos antiguos de suministro con las distribuidoras, lograr que la libre competencia se establezca a todo nivel -y no sólo para los usuarios de alto consumo-, poner fin a los subsidios en favor de algunas energías renovables -cuyo único efecto ha sido elevar los precios en vez de bajarlos-, y simplificar toda la regulación de esta industria”.

 

Fuente: Revista Electricidad